
La ocasión, sin embargo, fue propicia para que congresistas de distintas bancadas cuestionaran el funcionamiento del Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas (Forsur) y denunciaran la demora en la ejecución de obras, el retraso en el desembolso de recursos por parte del Ministerio de Economía y las irregularidades en el otorgamiento de la subvención de S/.6,000 –también llamada “Bono 6,000’– que el Gobierno dispuso darles a los damnificados del terremoto cuyas viviendas fueron totalmente destruidas o declaradas inhabitables.
En ese contexto, Vílchez dio a conocer las conclusiones del Informe de Contraloría de Verificación de Denuncia Nº 048-2009-CG/SDR-AR, de marzo de 2009, que confirma la comisión de irregularidades en la entrega del referido bono por parte de los comités de Defensa Civil del municipio provincial de Pisco y de las municipalidades distritales de Imperial y de Chilca, en Cañete.
El documento reseña, por ejemplo, que, en Pisco, siete damnificados se beneficiaron con el bono de S/.6,000, pero no realizaron ninguna refacción a sus viviendas, mientras que en el distrito de Imperial, en Cañete, se extendió constancias de damnificados a personas que no eran propietarias de los inmuebles afectados o, más grave aún, se entregó bonos a siete jefes de familia por un mismo inmueble, lo que generó pérdidas superiores a los S/.40 mil.
Debido a esas y a otras anomalías, la ministra anunció verificaciones aleatorias sobre las construcciones financiadas con el “Bono 6,000’, cuya lista de beneficiarios –agregó– se cerró en febrero pasado.
Precisó que, a la fecha, el Indeci y los municipios provinciales y distritales han distribuido 85,457 certificados de beneficiarios, de los cuales se han pagado ya 29,498. Añadió que, hasta el momento, el Forsur ha recibido más de S/.339 millones para obras de reconstrucción, dinero que se ha trasladado a los gobiernos regionales y locales que son los encargados de su ejecución.
(Perú 21)
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