CAÑETE AL DIA.- La ministra de Vivienda y Construcción, Nidia Vílchez Yucra, se presentó ante el grupo de trabajo que supervisa la reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto del 15 de agosto de 2007 para exponer los avances de este proceso que, dijo, debe concluir en diciembre de 2010.
La ocasión, sin embargo, fue propicia para que congresistas de distintas bancadas cuestionaran el funcionamiento del Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas (Forsur) y denunciaran la demora en la ejecución de obras, el retraso en el desembolso de recursos por parte del Ministerio de Economía y las irregularidades en el otorgamiento de la subvención de S/.6,000 –también llamada “Bono 6,000’– que el Gobierno dispuso darles a los damnificados del terremoto cuyas viviendas fueron totalmente destruidas o declaradas inhabitables.
En ese contexto, Vílchez dio a conocer las conclusiones del Informe de Contraloría de Verificación de Denuncia Nº 048-2009-CG/SDR-AR, de marzo de 2009, que confirma la comisión de irregularidades en la entrega del referido bono por parte de los comités de Defensa Civil del municipio provincial de Pisco y de las municipalidades distritales de Imperial y de Chilca, en Cañete.
El documento reseña, por ejemplo, que, en Pisco, siete damnificados se beneficiaron con el bono de S/.6,000, pero no realizaron ninguna refacción a sus viviendas, mientras que en el distrito de Imperial, en Cañete, se extendió constancias de damnificados a personas que no eran propietarias de los inmuebles afectados o, más grave aún, se entregó bonos a siete jefes de familia por un mismo inmueble, lo que generó pérdidas superiores a los S/.40 mil.
Debido a esas y a otras anomalías, la ministra anunció verificaciones aleatorias sobre las construcciones financiadas con el “Bono 6,000’, cuya lista de beneficiarios –agregó– se cerró en febrero pasado.
Precisó que, a la fecha, el Indeci y los municipios provinciales y distritales han distribuido 85,457 certificados de beneficiarios, de los cuales se han pagado ya 29,498. Añadió que, hasta el momento, el Forsur ha recibido más de S/.339 millones para obras de reconstrucción, dinero que se ha trasladado a los gobiernos regionales y locales que son los encargados de su ejecución.
La ocasión, sin embargo, fue propicia para que congresistas de distintas bancadas cuestionaran el funcionamiento del Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas (Forsur) y denunciaran la demora en la ejecución de obras, el retraso en el desembolso de recursos por parte del Ministerio de Economía y las irregularidades en el otorgamiento de la subvención de S/.6,000 –también llamada “Bono 6,000’– que el Gobierno dispuso darles a los damnificados del terremoto cuyas viviendas fueron totalmente destruidas o declaradas inhabitables.
En ese contexto, Vílchez dio a conocer las conclusiones del Informe de Contraloría de Verificación de Denuncia Nº 048-2009-CG/SDR-AR, de marzo de 2009, que confirma la comisión de irregularidades en la entrega del referido bono por parte de los comités de Defensa Civil del municipio provincial de Pisco y de las municipalidades distritales de Imperial y de Chilca, en Cañete.
El documento reseña, por ejemplo, que, en Pisco, siete damnificados se beneficiaron con el bono de S/.6,000, pero no realizaron ninguna refacción a sus viviendas, mientras que en el distrito de Imperial, en Cañete, se extendió constancias de damnificados a personas que no eran propietarias de los inmuebles afectados o, más grave aún, se entregó bonos a siete jefes de familia por un mismo inmueble, lo que generó pérdidas superiores a los S/.40 mil.
Debido a esas y a otras anomalías, la ministra anunció verificaciones aleatorias sobre las construcciones financiadas con el “Bono 6,000’, cuya lista de beneficiarios –agregó– se cerró en febrero pasado.
Precisó que, a la fecha, el Indeci y los municipios provinciales y distritales han distribuido 85,457 certificados de beneficiarios, de los cuales se han pagado ya 29,498. Añadió que, hasta el momento, el Forsur ha recibido más de S/.339 millones para obras de reconstrucción, dinero que se ha trasladado a los gobiernos regionales y locales que son los encargados de su ejecución.
(Perú 21)