Según REPORTE Nº 40 DENOMINADO “CONFLICTOS SOCIALES CONOCIDOS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO” al 30 de junio del 2007 consigna lo siguiente:
El presente reporte es un instrumento de monitoreo de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo del Perú, que recoje la información proporcionada por los actores intervinientes en los conflictos sociales a través de sus 28 oficinas defensoriales y 8 módulos de atención al público y complementada con otras fuentes.
Distrito de Cerro Azul, provincia de Cañete,
Caso. La Asociación de Campistas de Chepeconde playa del mismo nombre y sus integrantes fueron impedidos de transitar por la Empresa HV que se encuentra construyendo casas de playa en esa localidad. Por lo que la Asociación presentó una queja contra la MD Cerro Azul por el retiro de sus campers rodantes y carpas.
Actores. Municipalidad Distrital de Cerro Azul, Compañía Constructora HV, Asociación Deportiva Campistas de Chepeconde.
Otros. Juzgado Especializado en lo Civil de Cañete.
Antecedentes. Desde hace 20 años, la Asociación de Campistas de Chepeconde acampa en dicha playa. La Empresa HV se encuentra construyendo casas de playa en esa localidad.
Hechos. El 5 de enero del 2006, la Asociación presentó una queja contra la MD Cerro Azul por el retiro de sus campers rodantes y carpas el 20 de diciembre del 2005. Esto viola la medida cautelar emitida por el Juzgado Especializado en lo Civil de Cañete, que dispone el libre tránsito por el camino carrozable en el Km. 119.2 de la Panamericana Sur. El día 21, el personal de Construcción Civil de la empresa volvió a impedir el ingreso a la playa a la Asociación y a la Fiscalía de Prevención del delito de Cañete. Se está haciendo una investigación preliminar en la 3ª Fiscalía Provincial Penal de Cañete. La DP solicitó informe a la MD y al Juzgado para garantizar el libre tránsito por la mencionada vía. Al respecto la MD respondió que el 26 de enero requirió cumplir dicha medida cautelar a la Empresa HV Contratistas; y el Juzgado respondió que el 12 de enero del 2006 tomó conocimiento del incumplimiento de la medida cautelar, por lo que el día 19 multó a la Constructora HV con seis Unidades de Referencia Procesal. El día 26 la DP recibió de la asesora de la MD Cerro Azul fotos y un plano del camino carrozable, espacio aprobado por el INC como zona arqueológica. El día 29, el Juzgado Especializado en lo Civil de Cañete permitió el tránsito vehicular y peatonal a la vía. Por lo tanto el siguiente reporte no es más que la continuación de los abusos que no tiene cuando parar, porque hay leyes absurda, una justicia asimétrica, en fin un grado de corrupción tal, que los alcaldes, regidores y funcionarios que se corrompieron vendiendo los terrenos eriazos y ribereños (conocido y mal dicho en el lenguaje popular como playas) están libres, llenos de dinero, fungen de empresarios, periodistas y se auto rotulan con el título de “grandes señorones” hechos que dan asco en el país de las injusticias llamado Perú.
Chepeconde es un apacible paraje costero compuesto por tres playas, y situado en Cerro Azul, en el kilómetro 120 de la Panamericana Sur. Cada verano una legión de entusiastas campistas llegaba hasta allí con sus casas rodantes para disfrutar del sol y del mar tranquilos. Pero esos días de remanso son ahora un imposible. La fiebre inmobiliaria ha desterrado ese clima bucólico y natural que tanto disfrutaban los campistas. Hoy ellos se enfrentan legalmente a una empresa privada que ha bloqueado los caminos de acceso y aleja a todo aquel que intenta ingresar a una de las últimas playas públicas de la zona.
Sergio Bambarén, presidente de la asociación Delphis, encargada de la investigación, defensa y vigilancia de los ecosistemas marítimos costeros del Perú, ingresa en su camioneta 4×4 al club Mar Adentro, ubicado en el km 120 de la Panamericana Sur, en Cañete. En la puerta, un vigilante lo deja pasar. Su nombre figura en una lista de invitados. Esta es la única forma que tiene para ingresar a las playas Chepeconde dos y tres, donde solía estudiar el comportamiento de los delfines. Desde que la empresa constructora Pajaritos S.A.
Cerró el camino de servidumbre (acceso peatonal), nadie, salvo los socios de este club privado, puede ingresar a la playa. A lo lejos vemos cómo un par de trabajadores encargados del mantenimiento de los inmuebles nos observan sigilosamente. Se han dado cuenta de que somos periodistas. No se van a acercar a decirnos lo que, según hemos indagado, le dicen a quien asoma por allí: “Señor, retírese. Esto es propiedad privada”. Caminamos algunos minutos hasta llegar a lo que era el ingreso de Chepeconde dos.
En la “entrada”, que ahora es un montículo de rocas y cadenas con candados, está parado Bambarén. Lo acompaña Ecaterina Leonte, fotógrafa que registra con su lente lo que quedó de sus campers. Sobre la arena encontramos un cartel que dice: “Propiedad privada. Los Pajaritos S.A. Terreno 141.773,40 metros cuadrados. Partida registral 21120708, Cañete”. Un policía contratado por la empresa se acerca para pedirnos que nos retiremos.
Decidimos ingresar a Chepeconde dos por detrás de los cercos, ya que según la ley no estamos invadiendo ninguna propiedad. Un grupo de policías empieza a comunicarse por radio. Bambarén y Ecaterina ya no saben qué palabras utilizar para que los policías entiendan que la empresa Pajaritos S.A. podrá ser propietaria de una franja de tierra, pero no del mar.
Nos movemos entonces hacia Chepeconde tres. Una malla verde divide la propiedad de Pajaritos S.A. de la playa pública, donde estaban ubicados los módulos con el logo Delphis. “Esto es lo que quedó después de que el 6 de junio la empresa de los hermanos Artoni Risso hiciera un desalojo sin notificarnos”, reniega Bambarén al ver mesas, sillas y los restos de los campers regados sobre la arena.
Luis Bickel Vargas, abogado de los campistas, afirma que de los doce módulos instalados en la playa, cinco fueron destruidos y siete “desaparecieron”. Bambarén calcula que en equipos de investigación han perdido 40 mil dólares.
“¡Nos han robado! Se han llevado cámaras fotográficas, mi kayak, hasta la madera para venderla quién sabe dónde”, denuncia indignado Nelson Gómez, quien encontró a un grupo de policías jugando naipes en su mesa. Lo que menos le importa, asegura, es recuperar sus pertenencias. Solo quiere que esta playa no sea privatizada.
“Hace ocho meses nos enteramos de que el club Tennis Las Terrazas estaba interesado en comprar Chepeconde dos y tres. Conversamos con el presidente primero y nos dijo que iba a respetar la ley. Pero ¿qué club invierte millones de dólares en un terreno, sin contar la infraestructura, para que fulano y mengano puedan utilizar la playa? Yo mismo tenía una casa de playa y me salí corriendo. ¡Es una cosa de élite!”, explica Bambarén. Se une a su protesta Luis Muro, otro amante de la naturaleza. “Si llegan a construir van a destruir un ecosistema único en el Perú. En Chepeconde hay más biodiversidad que en Paracas y es la única playa para hacer camping. Aquí puedes nadar con los delfines, algo por lo que tienes que pagar 100 dólares en Sea World”, cuenta.
“¡Qué horror por Dios!”, grita Bambarén al reconocer las maderas de su módulo de investigación. “¿Con qué derecho estos infelices hicieron esto?”, agrega. “¿Puedo llevármela a mi casa?”, le pregunta a uno de los guardianes. “No, señor, todo esto es propiedad privada”, le responde temeroso. Indignado, coge un bloque de cemento y empieza a destrozar su mesa para que nadie pueda usarla. Luego hace lo mismo con una silla y un water. ¿Tienes miedo a que después de esto termines denunciado?, le pregunto. “Sería el colmo; si ellos me han robado a mí”, responde enojado.
La versión de Pajaritos
Conversamos con Carlos Hurtado, representante legal de Pajaritos S.A., quien precisa que la empresa es dueña de dos propiedades que están frente al mar. Además, explica, aún no se ha consumado la venta del terreno al club Tennis Las Terrazas, quienes estarían interesados en construir. “Estamos en conversaciones. Cuando se concrete vamos a declararla ante la dirección de rentas y los compradores registrarán también la compra. Serán los compradores los que presenten y sustenten su proyecto para saber si es viable o no construir en Chepeconde”, manifiesta.
Hurtado dice que lo ocurrido el 6 de junio en Chepeconde fue el cumplimiento de una orden judicial de desalojo. “Tenemos una inspección policial con participación de la Fiscalía donde se ha dejado constancia de que estos señores tenían hasta pozos sépticos dentro de la propiedad de mis patrocinados. Es ilegal que los campers se instalen permanentemente allí, incluso después de la temporada de verano. Ningún ciudadano tiene derecho a invadir las playas como hicieron ellos”, afirma Hurtado. Cierto es que a nadie le asiste el derecho a instalarse definitivamente en una playa pública. Pero también es cierto que ninguna empresa privada puede bloquear un camino de acceso público para que solo un puñado pueda disfrutar de un mar que pertenece a todos.
Fuente: Diario la República y Defensoria del Pueblo.
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