Una vez instalada la sala,
la disposición emitida por el juez Pablo Huertas Mogollón, del Juzgado Penal
Unipersonal de Cañete, tuvo que postergar la audiencia ante la no presencia de
la defensa de Javier Alvarado y la ex regidora del distrito de Lunahuaná, Maite
Chuquipoma que no asistieron.
La situación legal del
presidente regional, que tendrá que ser debatida en tribunales, ha generado una
serie de posiciones en las nueve provincias sobre los argumentos de defensa que
buscan probar su inocencia en este caso. Para el colectivo anticorrupción que
integran los ex aliados de la actual gestión regional, asumen que el pedido de
habeas corpus en la Corte de Chincha, solo busca dilatar el proceso más de la
cuenta.
Sin embargo para Luis
Enrique Fernández Estrella, gerente general del GORELI, califica como un
ensañamiento personal la posición asumida por este colectivo, amparado en un
derecho de legítima defensa que los magistrados deberían tener en cuenta en
este caso.
“No es para que se deje
sin efecto el juicio o se archive, sino para que se retrotraiga el proceso
hasta el momento en que se conculcó este derecho” dijo.“Consideramos que la
Fiscalía de Cañete no ha motivado ni ha sustanciado su acusación de este último
delito en contra del presidente Alvarado por lo tanto la reapertura no sería un
acto totalmente legal” agregó.
Pues considera que se
estaría vulnerando el derecho de investigarse el caso y haber ido en contra de
una resolución que declaraba archivado el proceso anteriormente.
Indico que rebatirán los
argumentos de la fiscalía al considerar que no cuentan con los argumentos ni
asideros legales correspondientes “por lo que pediremos la absolución” mencionó
el gerente quien descarto que la ausencia de los abogados sea parte de alguna
estrategia.
Los presuntos delitos que
se investigan son malversación de fondos, peculado y colusión por el embargo
realizado a las cuentas de la empresa Telefónica por casi 3´489,000 soles, de
losque se acusa por aparente malos manejos en su administración en ingreso en
las arcas de la municipalidad de Lunahuana, cuando Alvarado fue alcalde en ese
distrito.
Para este 26 de agosto en
el penal de Cantera está prevista la próxima audiencia donde deberán comparecer
todos los involucrados para el inicio de este proceso.
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