En su resolución, el juez concluye que no
es legal que la alcaldesa de Lima, Susana
Villarán, cambie el uso del terreno del establecimiento dejando de
ser un mercado para convertirse en parque.
En otra parte del documento, el magistrado
señala que la burgomaestre “habría incurrido en el delito de falsedad genérica
y falsificación de documentos múltiples”.
Otra de las conclusiones de Urbina es que
la Municipalidad de Lima violentó el principio de igualdad
ante la ley, “discriminando a los comerciantes de La Parada”.
Un aspecto que resalta en la resolución es
que el juez considera que el ministro del Interior tiene “responsabilidad
penal” en el “trato discriminatorio” a los comerciantes evidenciados en el
traslado de La Parada al nuevo mercado de Santa Anita. Además, se señala que el
titular del Interior no analizó las consecuencias y expuso a los policías de la
operación a los actos delincuenciales suscitados en octubre pasado.
HÁBEAS
CORPUS FUNDADO
El fallo declara fundada la demanda de
hábeas corpus interpuesta doña Ida Obdulia Ávila Sedano contra la alcaldesa
Villarán y contra el ministro Wilfredo
Pedraza. Esto “por vulneración al principio y al derecho de la
libertad individual, medida y vigilancia arbitraria y afectación del derecho a
la igualdad ante la ley por trato indiscriminatorio”.
“Dispongo la inmediata dación de cuenta a
la Comisión Permanente del Congreso los indicios razonables de la comisión de
ilícitos penales por parte del señor ministro Jerónimo Wilfredo Pedraza
Sierra”, señala la resolución. También habla de “responsabilidades penales que
pudieran recaer sobre la alcaldesa Susana Villarán del a Puente y a los
funcionarios públicos que resulten responsables”.
Otra disposición contempla remitir copias
certificadas al Ministerio Público por el presunto delito contra la Fe Pública
con perjuicio de terceros por parte del teniente alcalde de Lima, Eduardo Zegarra, por haber supuestamente alterado la verdad
respecto al contrato de donación del terreno. Fuente:
