CAÑETE AL DIA.- Con celeridad y mediante una medida cautelar, el sancionado Juez Mixto de Mala, Jorge Alfredo Villanueva Pérez, nuevamente ha ordenado que el Banco de la Nación entregue al consorcio B&B-Gessa-Proime la suma de S/. 4 000 000 millones, previamente embargados a favor de Electroperú, empresa eléctrica estatal, cuyas utilidades se destinan al pago de las pensiones de los jubilados del régimen de la 19990.La resolución dictada ilegalmente a favor del consorcio B&B-Gessa-Proime contradice la medida cautelar previa y vigente de un Tribunal Arbitral de Lima, que tiene Electroperú contra una de las empresas de este consorcio, B&B S.A.
De concretarse este mandato, el Banco de la Nación entregaría a este consorcio los S/. 4 000 000 millones embargados y, de esta manera, se frustraría definitivamente la posibilidad de que Electroperú cobre esta suma pretendida en el proceso arbitral.
Repitiendo una lamentable práctica procesal, el consorcio B&B-Gessa-Proime, representado por Alfredo Bazo Pacheco, estableció repentinamente su domicilio en la municipalidad distrital de Mala (región Lima), con lo cual su demanda recayó en el juez Jorge Villanueva Pérez. Es preciso mencionar que este magistrado, por iniciativa de la Oficina de Control del Poder Judicial de Ica-Cañete, está siendo actualmente procesado por el delito de prevaricato, al conceder el beneficio de semilibertad a un narcotraficante.
Según fuentes judiciales, B&B S.A. quiso dilatar el proceso arbitral con denuncias falsas, las cuales fueron desvirtuadas y, con ello, se logró continuar con el proceso arbitral, encontrándose próxima la elaboración del laudo (sentencia), situación que explicaría la reciente maniobra procesal de esta empresa.
Una irregularidad más que amerita la intervención e investigación de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial es que los funcionarios del Banco de la Nación han sido amenazados de ser denunciados penalmente por el juez Villanueva Pérez. A pesar que este magistrado no tiene competencia territorial, ampara una irregular y evidente maniobra procesal, emite una orden de ilegal intromisión en la institución arbitral y que, de concretarse, afectará económicamente a los pensionistas de la Ley 19990, quienes reciben sus aportes de Electroperú.
El consorcio B&B-Gessa-Proime y la empresa B&B S.A. ejecutaron mal las obras de reforzamiento de represamiento hídrico, que les fuera encargada por la empresa eléctrica estatal.
