CAÑETE AL DIA.- El Parlamentario Renzo Reggiardo sostiene que hay indicios, incluso denuncias penales, de adquisiciones ilícitas de urbanizadoras. Comisión de Fiscalización tiene plazo de 60 días para indagar supuestos actos ilegales. La subvaluada venta de 300,000 m2 de un terreno en la playa de Chilca a un militante aprista ha puesto en tela de juicio la comercialización de otros terrenos en ese distrito de Cañete e, incluso, en el balneario de Asia.
"En Chilca hay casos escandalosos, pero es posible que también se hayan entregado terrenos irregularmente en Asia", sostuvo el congresista Renzo Reggiardo, quien indicó que este asunto se incluirá en la investigación que abrirá el Congreso.
El pleno aprobó conferirle a la Comisión de Fiscalización facultades para que investigue si entre el 2006 y el 2010 se vendieron irregularmente terrenos en Chilca, Cañete y en otras zonas del país.En un plazo de 60 días, los legisladores deberán indagar los procesos de adjudicación realizados por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) y por las comunidades campesinas del litoral.
En el caso de Asia, explicó Reggiardo, se presume que los dirigentes de las comunidades campesinas habrían autorizado la venta de las tierras en contra de los intereses de la comunidad y tras beneficiarse con "cuantiosos" pagos.
Incluso, empresas urbanizadoras, dedicadas al desarrollo de condominios en el sur, estarían implicadas, y si el Congreso encuentra responsabilidades puede derivar el caso al Poder Judicial para que anule las ventas, puntualizó Reggiardo.
"Hay una cantidad muy importante de indicios, incluso denuncias penales, que hacen pensar que muchos de los negocios, viviendas y propiedades en Asia y Chilca se habrían realizado irregularmente", comentó.
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO
Más aun, precisó que la comisión investigadora tiene facultades para pedir el levantamiento del secreto bancario, tributario y de la reserva de las comunicaciones.
"También se puede citar de grado o fuerza, si es necesario, a los presuntamente implicados, entre los cuales no se descarta a funcionarios de los municipios", anotó.
La investigación es en todo el país, pues también hay casos de irregularidades en regiones como Piura, agregó el parlamentario, quien planteó la posibilidad de revisar la ley de comunidades campesinas.
Un pedido similar había sido exigido por el alcalde de Chilca, Pablo Nalda, al considerar que las comunidades campesinas de la costa, como Chilca, Cerro Azul y Asia, "son única y exclusivamente oficinas de corretajes pues no siembran".
"El espíritu de la comunidad es que sus miembros no deben vivir de la venta de terrenos, sino de la explotación de la tierra", subrayó Nalda (Gestión 26.04.2010).
JOSÉ HUAPAYA DE ASIA
"Habría que ser cautelosos en este tema, pues se supone que un notario ha revisado que el proceso de venta de terrenos cumpla con los procedimientos establecidos en la ley de comunidades", manifestó José Huapaya, asistente técnico de obras del municipio de Asia.
No obstante, reconoció que en las comunidades se han producido problemas internos que habrían dejado desamparados a los comuneros. "Pero este problema de las comunidades costeras no es un asunto aislado de Asia, sino que ocurre a nivel nacional", agregó. Cortesía Roberto Rosado
