CAÑETE AL DIA.- El ex Gerente General del Banco de Materiales, José Luís Qwistgard Suárez, tiene responsabilidad penal por no supervisar la entrega del Bono 6000 a los damnificados por el terremoto del 15 agosto de 2007, refiere el informe de la Comisión de Fiscalización sobre las irregularidades en la entrega del referido bono. El documento informa que a través del Decreto Supremo Nº 091-2007-PCM se establece que “la determinación de las condiciones de emisión y uso de la tarjeta BANMAT corresponde al Banco de Materiales S.A.C.”Según lo expuesto en el informe, Qwistgard Suárez habría cometido el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, el mismo que aparece en el artículo 377º del Código Penal.
Asimismo, el informe señala que siete alcaldes distritales cometieron presuntamente el delito de abuso de autoridad por haber emitido y autorizado las constancias de damnificados a personas que no cumplían con los requerimientos que se establecieron legalmente para percibirlos. Los alcaldes señalados corresponden a los distritos de: Lunah
uaná; Cerro Azul; Chilca en Cañete (Lima); Grocio Prado; Pueblo Nuevo en Chincha; Parcona; San Juan Bautista en Ica (Ica). El escrito precisa que los alcaldes, a través de los Comités de Defensa Civil distritales -que ellos encabezan- entregaron constancias de damnificados a personas que no vivían en la zona, a integrantes de un mismo predio familiar, a personas con su documento nacional de identificación caduco y a n
umerosos fallecidos según el Registro de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
uaná; Cerro Azul; Chilca en Cañete (Lima); Grocio Prado; Pueblo Nuevo en Chincha; Parcona; San Juan Bautista en Ica (Ica). El escrito precisa que los alcaldes, a través de los Comités de Defensa Civil distritales -que ellos encabezan- entregaron constancias de damnificados a personas que no vivían en la zona, a integrantes de un mismo predio familiar, a personas con su documento nacional de identificación caduco y a n
umerosos fallecidos según el Registro de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Además, el informe también señala que los distritos Tupe (Lima); Llipata, Yauyos (ICA); Haytará y Mollepampa (Huancavelica), no recibieron los bonos 6000 correspondientes, a pesar de que estaban validados por el Instituto Nacional de Defensa Civil.
Graves ausencias
Sorprendentemente, el informe excluye de responsabilidad a las personas que utilizaron el bono 6000 para obtener rédito político. Este sería el caso del ex candidato aprista por la Región Lima, Andrés Tello Velasco, quien no figura en el informe a pesar de que el alcalde de Chilca Pablo Nalda, lo grabó repartiendo de manera irregular los referidos bonos. El pasado 3 de octubre del 2008, la Comisión de Fiscalización que emitió el citado informe, visualizó un video en el cual se ve al ex candidato en la repartición del bono. CNR preguntó al presidente de esta mesa de trabajo, Eduardo Espinoza, por la omisión de Tello Velasco en el informe. Sin embargo, el parlamentario alegó que es un informe “realizado por asesores y técnicos”, y aún puede ser modificado. “Tendremos que consultarlo con los técnicos y asesores encargos de haber elaborado ese informe (…)", justificó frente a esta ausencia para después señalar que no es definitivo, ya que queda su sustentación ante la comisión. Al respecto, el Presidente de la Región Lima, Nelson Chuí, otro de los denunciantes en su día de la utilización de los bonos para obtener rédito político, recalcó a CNR que al ex candidato no le correspondía entregar los bonos porque no era su función. “Si lo han exculpado (la comisión) me imagino que tendrán fundamento para hacerlo, pero en ese momento el alcalde (Nalda) mencionó que en varias entregas estuvo él (Tello Velasco), y a él no le correspondía estar en ese lugar”. Irregularidades costaron 2 millones y medio de solesLas perdidas económicas que supusieron para el Estado peruano estas irregularidades ascienden a más de 2 millones 418 mil nuevos soles, según detallan las conclusiones del informe. En tanto, fueron 402 el número de personas que se beneficiaron irregularmente de este bono destinado para los damnificados cuyas viviendas fueron destruidas total o parcialmente por el terremoto de 2007. En las recomendaciones, la comisión sugiere al Ministerio Público investigar todas las irregularidades denunciadas; al Banco de Materiales, inspeccionar físicamente los inmuebles favorecidos con el Bono 6000 y que constante en el caso de los fallecidos si la entrega de este beneficio fue antes o después de la defunción. Asimismo, encargó a la Contraloría realizar “una auditoria global respecto a la entrega del Bono 6000 y el cumplimiento de las normas administrativas pertinentes”. Debate sobre informe del Bono 6000 será el 26 y 27 de mayoTras postergar al menos cuatro veces el debate sobre el informe del Bono 6000, la Comisión de Fiscalización lo agendó para las sesiones del 26 y 27 de mayo. Así lo informó el Presidente de la Comisión de de Fiscalización y Contraloría del Parlamento, Eduardo Espinoza Ramos. No obstante, el parlamentario hizo hincapié en las consecutivas suspensiones de las sesiones por causa de falta de quórum reglamentario. “Ya está terminada la investigación (…) Ya están informados todos los miembros de esa comisión (Fiscalización). Ojalá que haya el quórum reglamentario y se debata el informe del Bono 6000.” Según Eduardo Espinoza, la Ministra de Justicia, Rosario Fernández asistirá al debate del informe sobre las presuntas irregularidades en el otorgamiento del bono 6000 a los damnificados de las zonas devastadas por el sismo de 15 de agosto de 2007.
