CAÑETE AL DIA.- El Presidente del Gobierno Regional de Lima, ante la publicación y entrada en vigencia del Decreto de Urgencia Nº 012-2011 de fecha 1 de abril del presente año, expresa a la opinión pública y al Gobierno Central, lo siguiente:
En los considerandos de este Decreto de Urgencia 012-2011, los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas sostienen que “es necesario dictar medidas extraordinarias de carácter económico que permitan incrementar la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones de emergencia o una eventual recaída de la economía mundial o un severo desastre natural, escenarios que tendrían un impacto directo sobre nuestra economía”.
Esta interpretación no se ajusta a la realidad, pues en este momento no hay una grave amenaza de crisis económica mundial por cuanto la globalización ha permitido ampliar mercados y mejorar opciones de financiamiento para nuestro país y tener un crecimiento económico sostenido durante los últimos 10 años, habiéndose demostrado una sólida capacidad de respuesta ante la última crisis mundial.
En el escenario internacional, el conflicto bélico en Libia y la tragedia ocurrida en Japón, no ameritan una medida de urgencia de esta magnitud, que lejos de promover y garantizar la estabilidad económica del país en su conjunto, la debilita al paralizar las obras de infraestructura tan necesarias y generadoras de puestos de trabajo para la población de la Región Lima y demás regiones.
El Decreto de Urgencia 012-2011 nos ata de manos al habernos impuesto un tope del 40% en los gastos de bienes y servicios, y del 25% para gastos de capital hasta el 30 de junio del presente año, lo que en su conjunto comprende sueldos, contratos, gastos de mantenimiento, rentas, servicios básicos, obras de infraestructura como canales de regadío, escuelas, postas médicas, vías de comunicación, saneamiento agua y desagüe, así como proyectos de desarrollo económico en los sectores turismo, agricultura, ganadería, energía y minas, entre otros.
Las consecuencias inmediatas serían la paralización de todas las obras de infraestructura realizadas por la Región y de los proyectos de desarrollo económico; la suspensión del pago de sueldos y proveedores y la nefasta generación de desempleo.
También nos deja indemnes ante una eventual emergencia ocasionada por la naturaleza, peligrando la atención de los damnificados. El alto impacto contra la sociedad que genera este Decreto de Urgencia 012-2011 involucra también a sectores como Educación y Salud y a la sociedad en su conjunto, tanto a nivel Región Lima, como a nivel nacional.
Por estas razones exigimos, al Presidente de la República, al Presidente del Consejo de Ministros, y al Ministro de Economía y Finanzas, la derogatoria inmediata del Decreto de Urgencia 012-2011, por que las consecuencias en el corto plazo son tan graves que su vigencia nos obligará a levantar nuestra voz de reclamo hasta que el gobierno tome conciencia que este decreto atenta contra el desarrollo de la Región Lima y de todas las regiones del país.
